TIERRA NOTICIAS. Las familias del ex comandante de la Fuerza Aérea Boliviana (FAB), Jorge Gonzalo Terceros y del ex comandante de la Armada Boliviana, Gonzalo Jarjuri Rada, y sus abogados se contradicen sobre la opción de someterse a un "juicio abreviado", aceptando la culpa pese a ser inocentes en el caso 'golpe de Estado II". Ambos son acusados de incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes.

Javier Peñaloza, abogado de los militares manifestó más temprano que sus defendidos no han aceptado someterse a un 'juicio abreviado' tal como manifestó el ministro de Justicia, Iván Lima, ante los periodistas ayer jueves. El abogado de los militares aseguró que sus familiares han negado haberse inclinado por un ´juicio abreviado'.

"La defensa de estos dos Generales han desmentido ayer esta situación en diferentes medios de comunicación, sin embargo ante la desesperación del Gobierno, a través del Ministerio de Justicia están cometiendo un gran error. Al menos nosotros nos hemos comunicado con lo familiares de estos dos personajes y ellos han negado completamente este extremo", dijo Peñaloza a Unitel.

Sin embargo, horas después, Lorena Terceros, hija del ex comandante Terceros supuestamente anunció mediante un manuscrito publicado en Facebook, la decisión de la familia de que su padre se someta al 'juicio abreviado' aunque esa determinación implique aceptar la culpa pese a ser inocentes.

“Convencidos que la lucha es absolutamente desigual e infructuosa, a pesar de la negativa de nuestros padres, con la finalidad de tenerlos a nuestro lado como familia unida, no teniendo más camino en esta justicia, habiendo enfrentado solos (abandonados por las instituciones militares, amigos simpatizantes y demás) estás abatidas lides, decidimos optar por el bien mayor”, dice la carta de Lorena Terceros.

Ante esa supuesta declaración de la hija de Terceros, el abogado defensor de los militares, Eusebio Vera, decidió apartarse de este caso.

“Ellos tomaron esa decisión con otro profesional, correspondía que sea así; pero también han sido conscientes de que yo no iba a aceptar esa situación por toda la lucha que habíamos emprendido, yo primero como profesional, pero sobre todo como humano, como persona, debo respetar la decisión de la familia”, dijo Vera, según el El Deber.

Tanto Jarjury, como Terceros forman parte de los nueve militares y policías procesados en el juicio basado en la teoría del golpe de Estado, publicitado por el partido gobernante, Movimiento al Socialismo (MAS). En este caso el MAS implicó a la ex Presidenta interina de Bolivia, Jeanine Áñez por haber asumido la Presidencia del País, tras la renuncia colectiva de Evo Morales y todas las autoridades del MAS, que estaban en la línea de sucesión el 10 de noviembre del 2019. 

De forma inédita, la Fiscalía imputó a Terceros por supuestamente facilitar el traslado de diputados y senadores de la oposición en 2019 para la eventual instalación de las sesiones de la Asamblea Legislativa con el objetivo de promover la sucesión de Áñez. Mientras que Jarjury fue imputado por también permitir la imposición de símbolos patrios a Áñez, la noche del 12 de noviembre y de incumplir con el mandato de garantizar el ejercicio de un presidente electo.

Estas acusaciones contradicen los hechos ocurridos en noviembre del 2019. Tras la realización de las elecciones generales del 20 de octubre del 2019, la población boliviana salió a las calles para protestar en contra de los vocales del Tribunal Supremo Electoral por haber paralizado el sistema de transmisión rápida de actas (TREP).

El TREP fue paralizado cuando el candidato Carlos Mesa aventajaba a Evo Morales en el conteo rápido. Casi 24 horas después el TREP fue reanudado pero con los resultados cambiados, inexplicablemente Morales aventajaba en el conteo a Mesa.

Esa alteración en los resultados del conteo de los votos elevó más la molestia de los electores en las calles, estado anímico que derivó en la quema de ánforas y las denuncias de fraude electoral en favor de Evo Morales, quien se estaba repostulando a la Presidencia de Bolivia por tercera ocasión y violando el artículo 168 de la Constitución Política del Estado y sin respetar el referendo vinculante del 21 de febrero del 2016.

Esa crisis social postelectoral se prolongó hasta mediados del mes de noviembre de 2019. Por encargo del presidente Evo Morales, la OEA realizó una auditoria a los resultados de las elecciones generales del 20 de octubre, estableciendo graves irregularidades.

El resultado de esa auditoría fue realizada por 20 expertos electorales de diferentes nacionalidad y fue publicada en la madrugada del 10 de noviembre de 2019, lo que obligó a Evo Morales a anular las elecciones generales del 20 de octubre del 2019, y destituir a todos los vocales del Tribunal Supremo Electoral, para anticipar nuevas elecciones presidenciales.

Esas acciones anunciadas por Evo Morales desde la base militar de la Fuerza Aérea en la ciudad de El Alto no lograron aplacar la molestia generalizada de los electores en todo el territorio nacional que ya había escalado en sus demandas: pedían la renuncia de Evo Morales Ayma.

Cerca a las 17:00 horas de ese domingo 10 de noviembre de 2019, Evo Morales y su vicepresidente, Álvaro García Linera presentaron su renuncia al cargo desde el Chapare en Cochabamba, evento transmitido por el canal estatal.

A esa acción le siguió una renuncia colectiva de las autoridades que estaban en la línea de sucesión para el cargo de Presidente de Bolivia, provocándose un "vacío de poder". Había renunciado la presidenta del Senado, también lo había hecho el presidente de la Cámara de Diputados, también lo habían hecho los vicepresidentes, todos militantes del MAS.

Al registrarse el inédito "vacío de poder", representantes políticos de la oposición, de organismos internacionales, de la Iglesia Católica y también del MAS, desarrollaron reuniones para encontrar una salida al "vacío de poder" provocado por Evo Morales, sus senadores y diputados: Bolivia no tenía Presidente ni Vicepresidente desde las 17:00 del domingo 10 de noviembre del 2019 hasta las 19:00 del martes 12 de noviembre, fueron 40 horas sin autoridades de gobierno.

Es en esa circunstancia que se plantea la opción de que la senador Jeanine Áñez, en su condición de segunda vicepresidenta de la Cámara de Senadores asuma la Presidencia de Bolivia. Durante toda la crisis social poselectoral, Áñez se había trasladado a su natal Beni, no se encontraba en los conflictos sociales y políticos desarrollados en la Sede de Gobierno.

Un día después de la renuncia de Evo Morales y todas sus sucesores, se empezó a menciona el nombre de Jeanine Áñez, como posible sucesora de Evo Morales, quien por cierto, huyó de Bolivia en la noche del lunes 11 de noviembre de 2019, en un avión militar enviado por el presidente mexicano Andrés López Obrador.

En investigaciones posteriores se estableció que, Evo Morales Ayma, continuaba movilizando por teléfono a sus militantes en la ciudad de El Alto y Cochabamba. Bolivia estaba al borde de una guerra civil. La Policía nacional había sido rebasada por las movilizaciones y la delincuencia que saqueaba y quemaba oficinas policiales en El Alto y Cochabamba. Los militares se negaron a reforzar la seguridad ciudadana en las 48 horas que duró el "vacío de poder".  

Tras el retorno del MAS al Gobierno, ese partido emprendió la persecución judicial de todos los opositores políticos, promoviendo juicios con la teoría del "golpe de Estado" a Evo Morales Ayma. Algunos jueces se sumaron a la causa, realizando "desdoblamientos" de proceso en contra de la ex presidenta interina Jeanine Áñez y de otras personas. Así surgió el caso "golpe de Estado II", donde se implicó a Jorge Gonzalo Terceros y Gonzalo Jarjuri Rada, ambos encarcelados por decisión de un juez.

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