"La defensoría del Pueblo, con asistencia técnica de Unicef, en el marco de una investigación se ha detectado que el Sedeges La Paz realiza cobros indebidos a los solicitantes de adopción en montos de 250 bolivianos, si son personas solas y 350 bolivianos si se trata de parejas", dijo la defensora del Pueblo, Nadia Cruz a los periodistas.

Explicó que, por tanto, el estudio, que se realizó junto a UNICEF, detectó una vulneración del principio de gratuidad establecido en el artículo 10 de la Ley 548 Código Niña, Niño y Adolescente.

Informó que enviarán los resultados al Ministerio Público para una futura investigación, porque se sospecha de actos irregulares de funcionarios de Sedeges y del Servicio Departamental de Políticas Sociales (Sedepos).

Cruz indicó que entre otras irregularidades que se logró detectar, está el desconocimiento de protocolos o lineamientos de adopción de las Defensorías de la Niñez y Adolescencia (DNA), del Sedeges, Sedepos y de los juzgados públicos que atienden esos casos.

Además, dijo que muchos de esos niños y adolescentes permanecen en los centros de acogida por un tiempo mayor a 15 años, debido a una ausencia de coordinación de las autoridades involucradas en atender a ese grupo vulnerable.

La defensoría del Pueblo recomendó a las DNAs, Sedeges, Sedepos del país y los juzgados públicos de Niñez y Adolescencia a priorizar una solución permanente frente a una de carácter provisional, tomando en cuenta que, una niña o niño, para alcanzar su pleno desarrollo necesita estabilidad en sus vínculos con personas adultas de referencia.

Asimismo, que el Ministerio de Justicia asuma las medidas necesarias para la puesta en marcha de un registro nacional y departamental que vincule a las instituciones en los procesos de adopción.