"Rechazamos que por instrucción del imperio, y con intenciones golpistas, la @OEA_oficial pretenda aplicar la Carta Democrática a #Nicaragua. No se puede ir contra la autodeterminación de los pueblos. Los organismos deben dejar intromisión y respetar la soberanía de Nicaragua", escribieron en la cuenta en Twitter del Mandatario.

El jueves, el secretario general de la OEA, Luis Almagro, afirmó que en Nicaragua existe una alteración del orden democrático y llamó al Gobierno de Ortega a asumir sus "errores" y poner fin a una supuesta crisis política y social.

Caso contrario, dijo "nos vemos obligados a empezar la aplicación de la Carta Democrática Interamericana", que se aplica cuando hay una alteración o una ruptura del orden democrático y puede terminar en la suspensión de un Estado miembro de la OEA.

En contrapartida, el Gobierno nicaragüense exigió respeto a la soberanía de su país y rechazó las denuncias de una supuesta dictadura y violaciones a los derechos humanos.

 

 

 

La Pasada semana un informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), presentado en Washington, determina que el Estado de Nicaragua cometió crímenes de lesa humanidad desde el estallido de las protestas, el 18 de abril, y advierte que ese tipo de delitos no tienen prescripción y que los responsables no pueden beneficiarse de una amnistía.

“Para el GIEI, conforme la información disponible, se desprende que el Estado de Nicaragua ha llevado a cabo conductas que, de acuerdo con el derecho internacional, deben considerarse crímenes de lesa humanidad, particularmente asesinatos, privación arbitraria de libertad y el crimen de persecución”, precisa el informe que tenían programado divulgar en Managua este jueves, pero tuvieron que presentarlo en Washington DC debido a que el miércoles el gobierno nicaragüense les suspendió la estadía en el país.

Sobre los efectos de estos actos, el informe agrega que los crímenes de lesa humanidad “suponen ciertas consecuencias, como la imprescriptibilidad, la imposibilidad de dictar normas de amnistía o similares que pretendan impedir los juicios o las condenas”, explicaron los miembros del GIEI.