La Fiscalía General del Estado, mediante su Dirección Nacional Anticorrupción, informó que la autoridad jurisdiccional dictó sentencia condenatoria de tres años de privación de libertad para Boris Villegas, por el delito de Uso Indebido de Influencias y Allanamiento de Domicilio y sus Dependencias por Funcionario Público, previsto y sancionado por los artículos 146 y 299 del Código Penal.

"El Tribunal de Sentencia Segundo de la ciudad de Trinidad, en procedimiento abreviado, dictó sentencia condenatoria de tres años de cárcel para Boris Martín Villegas Rocabado", señaló la Directora Nacional Anticorrupción, Willma Blazz Ibáñez.

Se trata del proceso penal signado con el FIS-BENI 1300379 seguido por el Ministerio Público a querella de Alberto Melgar Villarroel, por la presunta comisión de los Ilícitos de Organización Criminal, Concusión, Resoluciones Contrarias a la Constitución y las Leyes, Incumplimiento de Deberes, Negativa o Retardo de Justicia, Falsedad Material, Falsedad Ideológica, Uso de Instrumento Falsificado, Vejaciones y Torturas y Allanamiento de Domicilio o sus Dependencias.

Según el cuaderno de investigación, Melgar Villarroel, detenido preventivamente en la cárcel de Mocoví del Departamento del Beni por la posible comisión del ilícito de Terrorismo, en repetidas oportunidades fue irrumpido de forma violenta en su celda por parte de efectivos policiales dirigidos por Boris Villegas.

Se estableció que sin portar orden o autorización alguna y de forma irregular, el entonces Director General de Régimen Interior del Ministerio de Gobierno ingresó al lugar para amedrentarlo, vejarlo y maltratarlo, además de intentar obligarlo a hacer efectiva una suma de dinero para garantizar su permanencia en ese centro de reclusión.

En una segunda oportunidad, personal policial violentó su celda y bajo órdenes de Boris Villegas lo saca de ese centro penitenciario para trasladarlo vía aérea a la ciudad de Santa Cruz de la Sierra y dejarlo en Palmasola.

De acuerdo con la Fiscalía, el entonces funcionario público no tenía facultades para realizar el traslado del detenido preventivo y lo que hizo fue abusar de su condición de Director General de Régimen Interior del Ministerio de Gobierno.