TIERRA NOTICIAS. Representantes de las juntas vecinales Viloma Cala Cala, Sauce Rancho Central y Parotani del departamento de Cochabamba obligaron a dejar el cargo a las concejalas municipales de Sipe Sipe, Reina Jhovana Beltrán Huaranca, de Súmate, y Eva Aida Rodríguez Carrasco, de Comunidad Ciudadana (CC).

Ayer (11.01.2024), ambas concejalas municipales, retenidas por varias horas en ambientes del Concejo de Sipe Sipe, fueron agredidas verbal y físicamente para ser obligadas a "solicitar licencia" desde el 11 de enero de 2024 hasta el 3 de mayo de 2026, vale decir, por el resto del periodo de la actual gestión municipal.

La concejala Eva Rodríguez relató ante los medios locales, que fue agredida físicamente por la turba que le hizo firmar un papel en el que pedía al Concejo Municipal licencia desde ayer jueves 11 de enero de 2024 hasta el último día de su mandato de cinco años (3 de mayo de 2026).

“Han venido al Concejo para que firmemos la renuncia, dar a conocer que si me sucede algo va a ser responsabilidad de los dirigentes”, dijo.

Mientras que la concejala Jhovana Beltrán fue agredida por los representantes de las cuatro comunidades, hasta el punto de sufrir una descompensación lo que trasladada obligó a la Policía a trasladarla a un centro de salud.

Algunos comunarios intentaron justificaron su movilización ante la televisión local, con el argumento de que ambas legisladoras municipales no fiscalizaban la gestión del alcalde del Movimiento al Socialismo (MAS), Mario Galarza. También las acusaron de obstaculizar los diferentes trámites en favor de las comunidades.

Beltrán rechazó las denuncias de los comunarios y añadió que los dirigentes buscaban desestabilizar la Alcaldía Municipal.

En este contexto, el Defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, recordó que está vigente la Ley 243 contra el Acoso y Violencia Política, por lo tanto, las y los bolivianos “no podemos tolerar situaciones de violencia, acciones de hecho, destinadas a cercenar el ejercicio de los derechos políticos de las mujeres”.

Recordó que la Constitución Política del Estado estableció un régimen de participación política que respeta los derechos de las mujeres, entre otras poblaciones en situación de vulnerabilidad, por lo cual, el Estado, a través de todos sus niveles, debe garantizar el ejercicio pleno de los derechos políticos de las autoridades electas.

Callisaya informó que tomó contacto con la Asociación de Concejalas y Alcaldesas de Bolivia (Acobol) y, de forma paralela, a través de su Delegación Defensorial de Cochabamba, se acompañó y brindó orientación a las concejalas Rodríguez y Beltrán, quienes decidieron iniciar acciones legales en contra de los responsables para que el hecho no quede impune.

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