TIERRA NOTICIAS. El expresidente y portavoz de la causa marítima, Carlos Mesa (2003-2005), dijo el miércoles que le pareció haber asistido a la apertura de una acusación en su contra por el caso Quiborax, al escuchar la interpelación a los ministros de Justicia, Héctor Arce, y de Minería, César Navarro, en la Asamblea Legislativa.

"Lo que hoy parecía (es) haber asistido a la apertura de una acusación de un juicio de responsabilidades de Carlos Mesa, cuando todavía el Fiscal General del Estado no ha tomado una decisión, hoy lo ha dicho claramente tomará una decisión el 9 de julio, faltan algunos días, y este acto parecía la apertura de la acusación de la Asamblea Legislativa en mi contra", dijo en una breve conferencia de prensa.

Mesa se presentó esta jornada en la Asamblea Legislativa para escuchar directamente el informe que brindaron los dos ministros de Estado sobre ese caso que involucra a una empresa chilena.

Según el exmandatario, los ministros en la interpelación no hicieron referencia a la nulidad de las concesiones mineras de la empresa chilena que se hizo en su gobierno y tampoco mencionaron el decreto promulgado en el gobierno del expresidente Eduardo Rodríguez Veltzé, (2005-20006) que anuló el Decreto Supremo de Mesa y ratificó la reversión.

"En nuestro gobierno, estableció la Superintendencia de Minas la nulidad de las concesiones por los vicios de origen, porque las concesiones se habían dado de manera inadecuada, incorrecta, este documento no fue parte de la defensa de Bolivia", agregó.

Mesa aprobó un Decreto Supremo en 2004 para expulsar a esa empresa chilena que explotaba ulexita en el salar de Uyuni, bajo la figura legal de una revocatoria de concesiones. Este Decreto Supremo de Mesa fue abrogado por otro Decreto emitido por el entonces presidente Rodríguez Veltzé.

La revocatoria de las concesiones a la Quiborax derivó en la falsificación de documentos con las que esta empresa chilena inició un proceso en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI). Tras filtración de importantes documentos efectuados por una funcionaria de la Procuradoría a la Quiborax, la CIADI emitió falló para que Bolivia pague 42,6 millones de dólares a dicha empresa chilena.