La Justicia italiana dictó el martes cadena perpetua para los exdictadores Luis García Meza y Luis Arce Gómez, junto a otros seis ex militares y funcionarios policiales de Chile, Perú y Uruguay, por su participación en la muerte de una veintena de italianos durante el llamado Plan Cóndor en países de América Latina, entre las décadas 1970 y 1980.

Según la cadena Telesur, esa sentencia fue dictada por la presidenta de la III Corte Penal del Tribunal de Roma, Evelina Canale.

"ULTIMO MINUTO: Fueron condenados en Roma todos los militares de Bolivia (Luis Arce Gómez y Luis García Meza), Chile, Perú y Uruguay vinculados con el Plan Cóndor", confirmó en su cuenta en Facebook la Asociación de Familiares de Detenidos, Desaparecidos y Mártires por la Liberación Nacional (Asofamd).

Según medios de prensa, los juzgados ascendían a 27 y los condenados fueron: los chilenos Hernán Jerónimo Ramírez y Rafael Ahumada Valderrama; el uruguayo Juan Carlos Blanco; los bolivianos Luis García Meza y Luis Arce Gómez y los peruanos Francisco Morales Bermúdez, Pedro Richter Prada y Germán Ruiz Figueroa.

La Asofamd lamentó que el juzgado italiano sólo condene a Blanco y se absuelva a los demás acusados uruguayos por ese caso.

El juicio contra los implicados en violaciones y torturas durante el Plan Cóndor comenzó el 12 de febrero de 2015 con 34 imputados, entre antiguos jefes de Estado, oficiales, agentes de policía, miembros de los servicios secretos de los regímenes militares de dichos países entre las décadas de 1970 y 1980.

García Meza y Arce Gómez fueron procesados por los mismos delitos por la justicia boliviana en 1993 y 2009, respectivamente, y sentenciados a 30 años de cárcel en el penal de "Chonchocoro" de La Paz, pena que actualmente cumplen.

La Operación o Plan Cóndor fue ideada por el general chileno Augusto Pinochet y coordinó la represión de la oposición política entre 1970 y 1980 por parte sobre todo de las dictaduras de Chile, Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y Bolivia.

Un informe de la CIA estadounidense, en el que se basa la acusación en el caso del fiscal italiano Giancarlo Capaldo, precisa que Perú y Ecuador se convirtieron en miembros de este plan a finales de los años 80.