TIERRA NOTICIAS. El Alcalde de La Paz, Iván Arias, continúa siendo víctima del acoso político del gobierno del Movimiento al Socialismo (MAS). Hoy volvió a visitar las oficinas de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen (FELCC), a citación de la Fiscalía para declarar sobre las mejoras realizadas en el techo del Edificio de Comunicaciones, donde también funciona el Ministerio de Obras Públicas, del que fue titular hasta el 10 de noviembre del año 2020.

"Este es un nuevo caso en el que me convocan como testigo, cuando yo era ministro el centro que administra el edificio decidió impermeabilizar el helipuerto y la parte que está abajo de correos; me convocan para ver qué tenía que ver yo en eso, que si yo había autorizado porque habría inaugurado (la obra)", dijo Arias tras declarar en oficinas policiales.

En el caso concreto del Alcalde Arias, el Ministerio de Obras Públicas a cargo del ex diputado del MAS, Edgar Montaño, se ha convertido en la 'punta de lanza' de la persecución política, instrumentado a la Fiscalía de La Paz. Hace siete días exactamente, Arías había sido citado a la Fiscalía a declarar a denuncia de la Cancillería boliviana, controlada por el el MAS, sobre un supuesto caso de pasaportes diplomáticos.

En esa ocasión la primera autoridad edil de la Sede de Gobierno revelaba que el Gobierno del MAS, interpuso el proceso penal número 23 en su contra por solicitar un pasaporte para una "misión oficial" en su condición de Ministro de Estado el 2020, con el fin de realizarse un tratamiento médico en el extranjero por la grave situación de salud en la que cayó tras contagiarse con COVID-19.

Hoy (26.05.2022), siete días después de ese hecho, esta nueva citación fue dada a conocer por el propio Alcalde en su cuenta de Twiter antes de dar su declaración. "Otra vez en las puertas de la Fiscalía para entrar a declarar sobre una denuncia del Ministerio de Obras Públicas relacionado a el ex Fonvis que desconozco. Escucharé la lectura de todo el expediente”, escribió Arias ante de ingresa a la FELCC.

Arias precisó que cuando la obra de mejora del techo del edificio de Comunicaciones se inauguró el 15 de noviembre de 2020, él ya no desempeñaba el cargo de ministro de Obras Públicas, ya que entregó su despacho el 10 de noviembre de ese año, por lo que actual ministro, Édgar Montaño, es el que debe dar respuesta a esta consulta.

"Estoy cada vez más sorprendido de los casos en los que se me llama, estoy casi toda la mañana escuchando el expediente, contestando, me dan nombres de personas para saber si están trabajando en la Alcaldía, la Alcaldía tiene más de cuatro mil empleados”, reprocho Arias.

El Alcalde de La Paz enfatizó que la obra en el techo del edificio no fue contratada por él, sino por el centro de administración del edificio. "Primero, que los contratos no los hice yo, los hizo el centro que administra del edificio, y segundo, se hizo una revisión, verificación previa antes de la entrega que iba a ser el 15 de noviembre, yo dejé de ser ministro el 10 de noviembre, así que la entrega definitiva es del actual ministro, quien debía ver la obra para ver si estaba bien o mal", dijo Arias, según consigna un boletín institucional.

El Alcalde Iván Arias informó que este viernes 27 de mayo tiene otra citación para declarar en la Fiscalía.

El viernes pasado, Arias estuvo en la Fiscalía de La Paz para responder sobre la solicitud de un pasaporte para viajar al exterior, con el fin de someterse a una revisión médica, viaje que al final no realizó por lo que devolvió el referido documento a la Cancillería. Son 23 los casos que tienen en su contra el alcalde por diversas causas y razones.

El Gobierno de turno desde su retorno al Gobierno el 8 de noviembre del 2020, emprendió una persecución política sañuda en contra de los opositores políticos, con denuncias penales por todo y de nada, instrumentando a la Fiscalía para esa labor antidemocrática, demostrándose claramente la injerencia política en la justicia y el Ministerio Público.

En la víspera, el Relator Especial sobre la Independencia de los Magistrados y Abogados de las Naciones Unidas (ONU), Diego García-Sayán, establece y observó que en Bolivia persista y se arrastre aún los patrones de injerencia política en la Justicia. El Relator de la ONU pide poner fin al abuso de la detención preventiva de las personas investigadas.

Los cuestionamientos de García-Sayán aluden directamente a los últimos 17 años de gobierno, donde el MAS tomó el control del poder Judicial, mediante la designación de los magistrados, Registro de Profesionales Abogadas (RAP) que es manejado por el Ministerio de Justicia, el bajo presupuesto otorgado al poder Judicial, los interinatos, entre otras irregularidades que han debilitado a la justicia boliviana.

Hasta el momento en Bolivia se desconoce cuál es la cantidad de dineros públicos utilizado por el Gobierno del MAS en estos procesos penal que son la representación de la persecución política en contra de sus opositores. En el Informe Final del Relator Especial de Naciones Unidas también se da cuenta de la elevada carga procesal que soportan los juzgados.

Por ejemplo en el 2020, se calculaba ya un 51% de carga procesal pendiente en el tema penal, un 10% en el de violencia / anticorrupción, 12% en asuntos de familia y 14% en lo administrativo / fiscal / del trabajo y seguridad social. Ante todas estas observaciones, García-Sayan pide al gobierno terminar con la injerencia política en la justicia boliviana.

GPA/rc

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