TIERRA NOTICIAS. La agencia Fitch Ratings rebaja la calificación de la deuda de Bolivia de "B" a "B-" debido al uso de colchones externos de liquidez que "aumentan enormemente la incertidumbre de corto plazo".

"La rebaja de la calificación de Bolivia a 'B-' desde 'B' refleja el agotamiento de sus reservas de liquidez externa, lo que, a la luz de una vinculación monetaria de facto, ha aumentado en gran medida la incertidumbre a corto plazo y los riesgos macroeconómicos", señala la agencia Fitch.

La agencia calificadora bajó la Perspectiva de la nota de Bolivia, de Estable a Negativa y asegura que "la Perspectiva Negativa refleja una mayor incertidumbre en torno a la capacidad de las autoridades para gestionar esta situación, así como en torno a su gravedad dado el retraso continuo en la publicación de los datos de reservas internacionales".

Fitch presenta varias causas para la nueva recalificación de la deuda de Bolivia de "B" a "B-"

La agencia baja la calificación soberana de Bolivia debido a "la continua caída de las reservas internacionales a niveles bajos las ha hecho vulnerables al riesgo de un shock de confianza, que se ha materializado en las últimas semanas".

"Se ha perdido el acceso al mercado de bonos externos y no hay perspectivas concretas de apoyo a gran escala de los acreedores oficiales".

Esta última recalificación de Fitch parece adelantar el fin del tan mentado "Modelo Económico Social Comunitario Productivo" del gobierno del Movimiento al Socialismo (MAS) frente al "aumento de la presión externa"

"La posición externa de Bolivia se ha deteriorado drásticamente en la última década como resultado de las políticas expansivas y la caída de la producción nacional de hidrocarburos, lo que ha convertido al país en un importador neto de energía al reducir las exportaciones y aumentar las necesidades de importación", señala la agencia como otra causal.

"Fitch estima que la cuenta corriente volvió a un déficit del 0,6% del PIB en 2022 desde un superávit del 2,1% en 2021 y proyecta un mayor deterioro en 2023".

Los grandes "errores y omisiones" (más del 3% del PIB) probablemente capturen la actividad de contrabando, lo que indica una posición externa aún más débil. Las entradas de Inversión Extranjera Directa (IED) bajas y a veces negativas (que indican desinversión neta), otras salidas de capital y la dependencia soberana del financiamiento del banco central (BCB) sobre el endeudamiento externo se han sumado a las presiones externas. 

Estas presiones se han intensificado en 2023, ya que el malestar social ha complicado algunas exportaciones y la demanda de divisas se ha disparado en medio de la creciente preocupación por su disponibilidad.

Reservas agotadas

Las presiones externas han erosionado el stock de reservas del BCB, que en 2014 fue enorme, de USD 15.100 millones, habiéndose reducido a tan solo USD 3.500 millones (2,7 meses de pagos externos actuales de 2023F) hasta el 8 de febrero de 2023. Este nivel es muy bajo en relación con sus pares con tipos de cambio estabilizados.

La falta de publicación de datos sobre las reservas desde entonces y las preguntas sobre su utilidad aumentan la incertidumbre sobre las municiones del BCB para manejar el shock actual.

El oro representa la mayor parte de las reservas (USD 2.600 millones), pero no es de libre uso según la ley actual, y aún no se ha aprobado una reforma para cambiar esto (la "ley del oro"). Solo USD 911 millones eran moneda fuerte o DEG que se pueden vender por moneda fuerte (lo que Bolivia hizo recientemente por USD 300 millones, según datos del FMI). Otros fondos soberanos ya se han agotado.

Es posible que el BCB pueda acceder a más divisas pertenecientes a bancos nacionales, pero ya lo ha hecho por USD 3 mil millones desde 2018 a través del programa de intercambio CPVIS, lo que reduce el alcance de la financiación adicional a través de este canal.

Es poco probable que las medidas destinadas a aumentar las reservas, incluido un tipo de cambio más alto para los exportadores y los planes para comprar oro a través de la "ley del oro", lo hagan de manera significativa dado que no abordan los problemas subyacentes de política y confianza.

Compensaciones de políticas adversas

La frágil posición externa ha dejado a las autoridades con opciones de políticas adversas en torno a las cuales aún tienen que hacer definiciones claras, lo que aumenta las incertidumbres macroeconómicas a corto plazo. Continúan evitando el endurecimiento fiscal y monetario y los cambios en el régimen cambiario, dado el trade-off que esto representa para la actividad económica.

Sin embargo, mantener esta combinación de políticas en el contexto de agotamiento de las reservas, incluso temporalmente, requeriría un mayor endeudamiento externo, y las perspectivas para esto actualmente parecen limitadas. Los rendimientos de los bonos externos se han disparado al 15%, lo que indica una pérdida de acceso al mercado. Varios préstamos multilaterales están pendientes de aprobación legislativa, pero no hay perspectivas concretas de un paquete de apoyo financiero a mayor escala y de varios años de parte de los acreedores oficiales, particularmente dado el marcado desacuerdo político con el FMI. Estas incertidumbres financieras y de política aumentan los riesgos de ajustes desordenados y/o medidas poco ortodoxas para gestionar la oferta y la demanda de divisas.

Perspectiva macroeconómica nublada

Fitch estima que el PIB real creció un 3,6 % en 2022 y recuperó su nivel previo a la pandemia de 2019, aunque más lentamente que los pares regionales y calificadores, ya que el impulso se ha visto limitado por los recortes de inversión pública, la disminución de la producción de gas, un clima adverso para la inversión privada, e inestabilidad social. Fitch proyecta que el crecimiento se desacelerará a 2.4% en 2023, con serios riesgos adicionales a la baja por el aumento de las presiones de la balanza de pagos y las incertidumbres políticas. La inflación del 2,6% interanual a febrero de 2023 se encuentra entre las más bajas del mundo, lo que refleja fuertes subsidios y controles de precios para alimentos y combustibles, pero podría estar sujeta a riesgos dependiendo del éxito con el que se aborden los problemas relacionados con la disponibilidad de divisas.

Amplio desequilibrio fiscal

El déficit fiscal del sector público no financiero (SPNF) de Bolivia cayó al 7,1% del PIB en 2022, recuperando su nivel previo a la pandemia, pero las autoridades no apuntan a una mayor reducción. La caída de la producción de gas continúa pesando sobre los ingresos, y el gasto corriente sigue aumentando, principalmente debido a los costosos subsidios a los combustibles. La inversión pública ya ha servido como la principal variable de ajuste, habiendo caído a 6,9% del PIB en 2022 desde un máximo de 19,4% en 2014, pero las autoridades están ansiosas por reactivarla. La falta de planes proactivos de consolidación fiscal y el endurecimiento de las restricciones financieras plantean riesgos de ajustes desordenados, mientras que evitar esto mediante un mayor recurso a los préstamos del BCB (que ya representan el 37% del PIB) podría representar un peligro aún mayor para la economía.

Bajos pagos de bonos

Fitch estima que la deuda del gobierno general se estabilizó en el 66 % del PIB en 2022 y la deuda total del NFPS (incluidas las empresas estatales) en el 80 %. La deuda es superior a la mediana 'B' del 57 %, pero consiste principalmente en préstamos multilaterales y del banco central en condiciones concesionarias, lo que respalda una relación de interés/ingresos particularmente baja del 5 %. Los bonos externos suman solo USD 2 mil millones (menos del 5 % del PIB) e implican un servicio de deuda de USD 300 millones en 2023 (incluida una amortización de USD 183) y USD 110 millones (solo intereses) en 2024-2025. Si bien estos son montos bajos, la capacidad y disposición del soberano para pagarlos podría verse cuestionada si las reservas internacionales continúan disminuyendo.

Riesgos políticos

La inestabilidad política resurgió el año pasado, lo que perjudicó la actividad económica y aumentó la incertidumbre en torno a la capacidad de las autoridades para manejar una situación económica frágil. Las tensiones entre la administración de Arce y el departamento de Santa Cruz, un bastión de la oposición y el motor económico de Bolivia, provocaron trastornos económicos. Las tensiones dentro del partido gobernante Movimiento al Socialismo (MAS) y con grupos sociales también aumentan la incertidumbre política, ya que han obstaculizado la aprobación de la "ley del oro".

ESG - Gobernanza

Bolivia tiene un puntaje de relevancia ESG (RS) de '5' tanto para Estabilidad y Derechos Políticos como para Estado de Derecho, Calidad Institucional y Regulatoria y Control de la Corrupción. Estos puntajes reflejan el alto peso que los Indicadores de Gobernanza del Banco Mundial (WBGI) tienen en nuestro Modelo de Calificación Soberana patentado. Bolivia tiene una clasificación baja en el WBGI en el percentil 24, lo que refleja inestabilidad política reciente, calidad regulatoria débil, estado de derecho débil, alto nivel de corrupción y voz y responsabilidad moderadas.

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