TIERRA NOTICIAS. La Misión en Bolivia de la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), la Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia (ANPB), la Asociación de Periodistas de La Paz (APLP) y la Asociación de la Prensa rechazaron y censuraron la violación de leyes que protegen libertades por parte de la Fiscalía.

La semana pasada, la fiscal Leonor Peñaranda, que investiga la muerte del cabo Miguel Ángel Quispe Nina en los enfrentamientos entre policías y cocaleros en los Yungas, emitió requerimientos y citatorios para que periodistas y administrativos de radio Yungas y radio FM Bolivia, entreguen informes y material de las coberturas realizada a ese hecho.

En ese marco, la Misión en Bolivia de la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos "rechaza los requerimientos fiscales a medios de comunicación de la región de los Yungas que han dado cobertura a los conflictos en los que lamentablemente perdió la vida un policía y otro resultó herido".

"La Misión recuerda que la reserva de la fuente es un derecho protegido por el marco internacional de los derechos humanos y una garantía fundamental para proteger la labor de la prensa y salvaguardar el derecho de la sociedad a recibir información de interés público", señala en Twitter la Oficina de la Alta Comisionada.

Así mismo la Misión  considera que "Los hechos de violencia deben investigarse exhaustivamente y ser debidamente sancionados sin interferir con el régimen de libertades que resguarda y favorece la actividad de los medios de comunicación en una sociedad democrática", puntualiza la OACNUDH en dicha red social.

En la misma línea, la Asociación Nacional de la Prensa (ANP) demandó el cumplimiento de las garantías constitucionales para el trabajo periodístico tras conocer la citación de la fiscalía a dos directores de radio, en calidad de testigos, dentro de las investigaciones por la muerte de un policía durante un conflicto entre productores de hojas de coca.

El presidente de la organización que representa a los principales medios escritos de Bolivia, Marco Antonio Dipp, expresó profunda preocupación por las citaciones que son contrarias al artículo 106 de la Constitución Política del Estado (CPE) que en su parágrafo tercero señala: El Estado garantiza a las trabajadoras y los trabajadores de la prensa, la libertad de expresión, el derecho a la comunicación y a la información.

Este lunes 12 de julio, los directores de Radio Yungas, Eliana Ayaviri, y de radio FM Bolivia, Galo Hubner, recibieron una citación emitida por la fiscal de Materia, Odalis Leonor Peñaranda, dentro del proceso penal “por la presunta comisión del delito de asesinato (del policía Miguel Ángel Quispe) y otros”.

La citación, en el caso de Ayaviri, no lleva fecha ni hora, mientras que a Hubner se le exige presentarse ante la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen (FELCC) de la ciudad de La Paz, el martes 13 de julio a las 14.30 horas.

La ANP recordó que al estar vigente el secreto de la fuente informativa, consignado en el artículo 8 de la Ley de Imprenta, y la responsabilidad de custodia de la información a cargo del editor o impresor (artículo 9), la fiscal Peñaranda no puede instigar y mucho menos a los periodistas a revelar sus fuentes noticiosas.

Porque la fiscal del caso exige “…un informe detallado qué personas fueron entrevistadas por el (la) radio y qué personas se apersonaron al canal de radio respecto a los incidentes sucedidos en la localidad de Coripata…” La nota firmada por la fiscal, el 5 de julio de 2021 en Coroico, pide las “placas fotográficas tomadas por su canal de radio(sic)”.

Por su lado, la Asociación Nacional de Periodistas y la Asociación de Periodistas de La Paz, acusaron a la fiscal Odalis Leonor Peñaranda de violar las leyes vigentes en Bolivia y por atropellar la Constitución Política del Estado que protege y garantiza la actividad informativa de los periodistas y los medios de comunicación.

Ambos gremios periodísticos dejaron por establecido que la actividad de los periodistas está protegida por la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la Ley de Imprenta y las normas de autorregulación del gremio periodístico, que coinciden en señalar que el secreto en materia de imprenta o difusión es inviolable.

Asimismo, la ANPB y la APLP concluyó que la fiscal Peñaranda se excede en sus funciones al pedir, sin la reflexión necesaria, que Ayaviri, Hubner y sus medios entreguen “listas de entrevistados” y den detalles de su trabajo con fuentes, en una clara actitud de amedrentamiento y presión, lo cual también está prohibido en el Sistema interamericano de Protección de los Derechos Humanos.

GPA/ja

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